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Adaptación Prevención Penal y Compliance

SERVICIOS
Servicio de Compliance Penal

Servicios específicos para implantar en la entidad un conjunto de medidas, procedimientos y buenas prácticas para identificar los riesgos legales y operativos a los que pueda estar sometida la entidad, estableciendo los mecanismos internos de prevención que les permitan reaccionar si se produce cualquier hecho que pueda constituir un delito.
Las empresas deberán implantar un Plan de Prevención de Riesgos Penales (PRP) o Legal Compliance para:
- Lograr que cuando se produzca un delito no haya posibilidad de imputación, o bien que ésta se aminore, para la compañía y para su administrador.
- Evitar la Responsabilidad Civil y Laboral de la compañía y de los directivos y administradores de la misma, que se produce cuando existe un delito en su seno, o realizado por uno de sus empleados.
Requisitos legales que deben cumplir los modelos de organización y gestión para la prevención de delitos
Los requisitos exigidos son los siguientes:


1. Identificar las actividades en cuyo ámbito se pueden cometer delitos
2. Establecer protocolos que concreten la formación de voluntad de la persona jurídica, la adopción de decisiones y su ejecución
3. Modelos de gestión de los recursos financieros adecuados
4. Imponer la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos
5. Establecer un régimen disciplinario.
6. Realizar verificaciones periódicas del modelo o cuando se produzcan infracciones graves o cambios en la organización
7. Un órgano de supervisión con poderes autónomos de iniciativa y control, que en el caso de las empresas que puedan presentar balance de pérdidas y ganancias abreviado podrá ser el órgano de administración
¿Cuáles son los efectos sobre las compañías?

La consecuencia directa para una compañía declarada responsable penalmente es la imposición de la sanción penal que consistirá generalmente en una multa por cuotas o proporcional, pero podrá incluir también:


  • La inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales y de la Seguridad Social.
  • La suspensión de actividades, la clausura de sus locales y establecimientos, la prohibición temporal o definitiva de actividades, en cuyo ejercicio se haya cometido el delito.
  • La intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores.
  • La disolución de la persona jurídica, determinando la pérdida definitiva de su personalidad jurídica y su capacidad de actuar en el tráfico jurídico.
 
Además de otras consecuencias que pueden resultar igualmente graves para la continuidad de su negocio como:
 
  • Clientes y proveedores que traten de desvincularse de su relación con la compañía
  • Entidades financieras que dificulten o nieguen la concesión de crédito.
  • En caso de tratarse de una compañía cotizada, consecuencias en el precio de la acción.
  • En la moral de los empleados que verán afectada su productividad.
  • Desprestigio social y empresarial si se hacen eco los medios de comunicación, etc.
Algunos de los delitos en los que puede incurrir la persona jurídica
• Estafas y fraudes del CP art. 251
• Insolvencias punibles
• Daños informáticos
• Delitos contra la intimidad y allanamiento informático
• Delitos relativos a la corrupción en los negocios
• Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
• Blanqueo de capitales
• Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
• Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal
• Delitos contra el medio ambiente
• Falsedad en medios de pago
• Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
• Delitos de riesgo provocado por explosivos
• Delitos contra la salud pública: tráfico de drogas
• Cohecho
• Tráfico de influencias
• Corrupción de funcionario extranjero
• Organizaciones o grupos criminales
• Financiación del terrorismo
• Financiación ilegal de partidos políticos
• Delitos por conductas racistas, antisemitas y de enaltecimiento de conductas genocidas
• Tráfico ilegal de órganos
• Trata de seres humanos
• Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
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